Privatización de Rutas: El Gobierno avanza con la licitación de la "Ruta del Mercosur" y más de 700 km de Autopistas

El gobierno de Javier Milei dio un paso importante en su plan de privatización al oficializar la licitación de la Ruta del Mercosur, una arteria crucial para el comercio regional. A través del Decreto 28/2025, publicado en el Boletín Oficial, se ha aprobado la concesión de más de 700 kilómetros de rutas y autopistas pertenecientes a la Red Vial Nacional.

Un paso hacia la privatización de la infraestructura vial

El Decreto 28/2025 marca un hito en el proceso de privatización de las rutas nacionales, con un enfoque en la mejora de la infraestructura vial y la optimización de recursos. Esta medida se enmarca dentro de la política económica del gobierno de Javier Milei, que ha priorizado la reducción del tamaño del Estado y la implementación de políticas que promuevan la eficiencia y transparencia en la gestión pública.

Según el decreto, el proceso de licitación se llevará a cabo en un plazo de 12 meses y abarcará ocho tramos de rutas clave para la conectividad del país. Entre estas rutas, la Ruta del Mercosur destaca por su importancia para el comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, constituyendo un corredor esencial para la integración económica del bloque.

La Ruta del Mercosur: Un eje clave para el comercio regional

La Ruta del Mercosur es un corredor que conecta a Argentina con los países vecinos, lo que la convierte en un punto neurálgico para el intercambio comercial. El decreto menciona que la licitación de las rutas será realizada conforme a lo estipulado en la Ley Nº 17.520, y se contempla la posibilidad de incluir nuevas actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales.

En el decreto, se argumenta que la medida “favorece la reducción del tamaño del aparato estatal, con el objetivo de disminuir el déficit, transparentar los gastos públicos, equilibrar las cuentas del Estado y garantizar un control interno efectivo en la administración pública nacional, asegurando así la transparencia en la gestión de las finanzas públicas”.

Objetivos del proceso de privatización

La licitación de las rutas no solo tiene como objetivo la mejora de la infraestructura vial, sino también la conservación y mantenimiento de las autopistas y autovías implicadas. Esto incluye asegurar la prestación de servicios de asistencia a los usuarios y mejorar la seguridad en el transporte. Además, se busca generar mejoras en la conectividad y asegurar que las rutas sigan siendo seguras y funcionales para el transporte comercial y de pasajeros.

El proceso será supervisado por el Ministerio de Economía, que tiene la responsabilidad de modificar la composición de los tramos de la Red Vial Nacional para alinearlos con los objetivos de la concesión.

Rutas específicas incluidas en la licitación

El decreto detalla los tramos que serán objeto de la licitación. Entre ellos se encuentra el Corredor Vial N° 18, actualmente a cargo de Caminos del Río Uruguay, que atraviesa varias provincias argentinas. Además, la Ruta Nacional N° 174, que conecta la ciudad de Victoria, en Entre Ríos, con Rosario, en Santa Fe, cruzando el Río Paraná, también forma parte de este proceso de concesión.

Además, el Gobierno subrayó la relevancia estratégica del corredor vial, destacando su importancia no solo para la región del Litoral argentino, sino también para los países del Mercosur. La ruta es vital para la interconexión de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y es fundamental para el transporte a través de los países miembros del bloque regional.

Los tramos sujetos a concesión

• N° 12: Desde Zárate a Ceibas y de Ceibas hasta Gualeguay.
• N° 14: Desde Ceibas hasta Paso de los Libres.
• N° 135: De Colón a General Artigas.
• A-015: De Concordia a la Represa Salto Grande.
• N° 117: Desde Paso de los Libres hasta Agustín P. Justo y de Agustín P. Justo al límite internacional entre Argentina y Brasil.
• N° 174: Desde Rosario hasta Victoria.

Perspectivas de la privatización de rutas en Argentina

La privatización de estos tramos de la Red Vial Nacional forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para fomentar la inversión privada en infraestructuras clave, al mismo tiempo que se busca mejorar la calidad de los servicios públicos. Aunque el proceso genera controversias, especialmente en cuanto al manejo de recursos estatales, se considera una opción viable para mejorar la infraestructura vial del país a largo plazo.