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Panamá, como hub logístico de alcance global, enfrenta una encrucijada: la disputa legal entre el Estado y Panama Ports Company (PPC) no puede detener la circulación de la carga ni comprometer la confianza internacional.
Según Pedro Gómez, presidente de la Cámara Marítima, este conflicto debe verse como una oportunidad para corregir deficiencias estructurales, actualizar regulaciones y fortalecer la infraestructura del sistema portuario.
La situación ha generado atención no solo en el ámbito nacional, sino también entre inversionistas y operadores internacionales, quienes evalúan la eficiencia y estabilidad del puerto como criterios clave para decidir sobre inversiones y operaciones en la región. La continuidad del comercio se convierte, así, en un indicador estratégico de confianza y competitividad.
Modernización institucional como prioridad
Una de las principales críticas del sector se centra en la necesidad de actualizar la Estrategia Marítima Nacional, vigente desde 2008, y adaptar sus instrumentos a las exigencias del comercio actual. Esto incluye:
- Eliminar procesos ineficientes que varían con cada administración.
- Implementar la digitalización integral de las instituciones vinculadas al comercio marítimo.
- Desarrollar un Port Community System nacional que integre agencias como Migración, Aduanas y Ministerios de Seguridad de manera ágil y eficiente.
Gómez enfatiza que la eficiencia portuaria no depende únicamente de la operatividad interna, sino también de la infraestructura terrestre que conecta los puertos con el resto del país. Inversiones en carreteras, accesos viales y terminales intermodales son cruciales para garantizar que la carga fluya sin interrupciones.
Lecciones del contrato y su trasfondo histórico
El conflicto tiene raíces que se remontan a 1997, con la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company por 25 años. Modificaciones posteriores al contrato original y una prórroga automática hasta 2047 generaron cuestionamientos sobre la transparencia y equidad del acuerdo.
Auditorías de la Contraloría indican que, entre 1997 y 2023, PPC generó ingresos por más de 3,780 millones de dólares, de los cuales solo entregó 236 millones al Estado, evidenciando una pérdida significativa para las finanzas públicas.
La reciente propuesta de venta del 90 % de PPC a un consorcio estadounidense, valuada en 22,800 millones de dólares, ha sido interpretada por algunos analistas como un reflejo de presiones geopolíticas, sumando complejidad a la situación y colocando a Panamá en el centro del escrutinio internacional.
Coordinación público-privada como estrategia clave
La continuidad operativa requiere de un enfoque coordinado entre sector público y privado. En este contexto, se destacan tres líneas estratégicas:
- Resolver diferencias legales sin afectar la circulación de la carga ni la confianza internacional.
- Fortalecer capacidades institucionales mediante la modernización de regulaciones y procedimientos.
- Invertir en infraestructura portuaria y terrestre para mantener eficiencia y competitividad.
La combinación de estas acciones no solo preserva la reputación de Panamá como hub logístico, sino que también envía señales claras a inversionistas sobre la estabilidad y previsibilidad del sector.
Oportunidad para la competitividad regional
Más allá de la disputa puntual, el conflicto evidencia la necesidad de adaptar el modelo portuario a estándares internacionales y a las exigencias del comercio global. La visión de largo plazo requiere flexibilidad institucional, transparencia en la fiscalización y un compromiso real con la eficiencia operativa.
Como subraya Pedro Gómez, cada situación compleja representa una oportunidad para mejorar: actualizar estrategias, digitalizar procesos y asegurar que la infraestructura soporte un flujo de carga constante y confiable. Solo así Panamá podrá mantener su liderazgo frente a otros hubs logísticos de América Latina y reforzar su papel en el comercio internacional.
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IB
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