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El alije en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú, una operación de transferencia ship-to-ship sin intervención portuaria, ha sido parte de la logística energética y agroindustrial de Paraguay por más de cuarenta años. Cuando la Aduana de Argentina anunció su suspensión en 30 días por falta de habilitación legal bajo la Ley 24.093 se activaron alarmas diplomáticas y comerciales que alcanzaron el nivel presidencial, revelando la relevancia de esta operativa para toda la región del Mercosur.
¿Por qué es clave el alije en el 171?
La respuesta está en su impacto directo sobre dos variables críticas: tiempo y costo. Según Bernd Gunther, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay, el cierre de esta operativa derivaría en rutas alternativas más lentas y caras: el desvío hacia el Paraná de las Palmas y el canal Irigoyen aumentaría el tiempo de transporte desde 3 a 12 días, encareciendo la logística hasta en un 70 %.
En un contexto donde la competitividad de productos como gasoil, fertilizantes y materias primas es sensible a la eficiencia logística, tal encarecimiento puede tener efectos en cascada: mayores precios domésticos, pérdida de oportunidades exportadoras y menor atracción de inversiones.
Respuesta diplomática y gestión multilateral
La reacción de Paraguay fue rápida y coordinada. A través de Cancillería, Ministerio de Industria, la Cámara de Comercio y el diálogo presidencial, se escaló el asunto al ámbito del Mercosur, donde el Presidente Santiago Peña lo planteó directamente con su par argentino, en conversaciones que involucraron al Ministro Luis Caputo. El resultado fue la suspensión por diez meses de la prohibición, proporcionando un margen de negociación para adecuar el marco regulatorio.
Este mecanismo demuestra que las operaciones logísticas en corredores compartidos no son solo cuestión técnica, sino política, y requiere coordinación bilateral y regional. No se trató de una simple medida nacional: fue un conflicto que exigió atención diplomática del más alto nivel, subrayando la interconectividad crítica de la Hidrovía Paraguay–Paraná.
El valor de las operaciones ship-to-ship tradicionales
El alije en el 171 no ocurre en un puerto formal ni bajo muelle; es una operación ampliamente conocida y regulada por la Ordenanza Marítima Argentina. A pesar de ello, la excusa de la falta de habilitación formal motivó la intervención aduanera. Gunther destacó que intentar importar exigencias portuarias formales a prácticas tradicionales podría afectar la eficiencia sin aportar mejoras reales en seguridad o control.
La experiencia muestra que, en flotas regionales tradicionales, las operaciones ship-to-ship han permitido mantener fluidez en períodos críticos de demanda, como campañas agrícolas o aumentos estacionales del consumo energético. Generalizar restricciones podría interrumpir cadenas productivas y logísticas en toda la región.
Riesgos si se prolonga la suspensión
A mediano y largo plazo, mantener esta discontinuidad podría generar:
- Incremento de costos estructurales por uso de rutas más largas, mayores tasas de muellaje y costos operativos elevados.
- Inhibidor a inversiones en infraestructura fluvial si se percibe inseguridad jurídica.
- Pérdida competitiva regional, especialmente frente a países que simplifican y digitalizan sus trámites logísticos.
- Tensión en el equilibrio logístico del Mercosur, al implicar que una medida nacional afecte a cadenas internacionales.
Pese al plazo de diez meses, queda pendiente una reforma legal o un acuerdo formal que garantice la continuidad del alije sin contratiempos burocráticos.
Lo que este caso deja como lección para tomadores de decisiones
La experiencia del kilómetro 171 deja claras varias enseñanzas sobre la dinámica logística regional. La logística fluvial tradicional, aunque muchas veces pasa desapercibida, cumple un rol esencial como columna vertebral en sectores productivos clave. Las medidas regulatorias, incluso cuando parten de buenas intenciones, pueden generar impactos sistémicos si no se considera su alcance en contextos regionales interconectados.
En este sentido, la diplomacia técnica y el diálogo al más alto nivel se revelan como herramientas fundamentales para gestionar eficazmente los conflictos logísticos binacionales. Finalmente, la seguridad jurídica en operaciones transfronterizas resulta indispensable para sostener la inversión y preservar la competitividad a largo plazo.
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IB
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